
El Congreso de la Nación analiza un proyecto de ley destinado a mitigar el impacto del sobreendeudamiento en los hogares argentinos, mediante un régimen que permitiría reducir drásticamente los saldos pendientes en tarjetas de crédito y créditos personales. La propuesta, impulsada por el diputado Roberto Santiago bajo el título de “Desendeudamiento y reestructuración de deudas de las familias argentinas”, surge en un contexto donde la morosidad bancaria alcanzó récords históricos y las deudas de consumo ya representan cerca del 80% de los compromisos totales de las familias. El objetivo central es ofrecer un alivio financiero a los usuarios que utilizan el crédito para financiar gastos cotidianos y se encuentran atrapados por tasas de interés que tornan los saldos insostenibles.
El régimen de regularización está diseñado específicamente para personas clasificadas en las categorías 2, 3, 4 y 5 de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central. Según estimaciones que acompañan la iniciativa, la medida podría alcanzar a más de 18 millones de personas, reflejando la profundidad del problema de la deuda minorista en el país.
En cuanto al tipo de obligaciones alcanzadas, el texto contempla aquellas originadas por el uso de plásticos y préstamos personales, mientras que establece exclusiones claras para otros rubros financieros. Según lo estipulado, la iniciativa “contempla aquellas deudas originadas con tarjetas de crédito y préstamos personales; mientras que excluye aquellas deudas hipotecarias, tributarias o prendarios”.
Esquema de condonación y refinanciación
La propuesta legislativa establece beneficios segmentados según el nivel de ingresos de los deudores y la naturaleza de la deuda. Los puntos más destacados incluyen:
Intereses y recargos: Se prevé “la condonación total de los intereses punitorios, recargos, cargos y demás accesorios” para todos los beneficiarios.

Reducción de capital: Para los sectores de menores recursos, se contempla una “condonación del 90% del capital adeudado para aquellas familias cuyos ingresos mensuales no superen las tres Canastas Básicas Totales”.
Segmentos de mayores ingresos: Quienes superen dicho umbral de ingresos no accederán a la quita de capital, pero sí podrán contar con las “opciones de refinanciación y tasas bajas”.
Para el pago del saldo residual tras las condonaciones, el proyecto define un esquema de “refinanciación del saldo restante en hasta 36 cuotas mensuales”, con el requisito de que el interés aplicado “no podrá exceder el 50% de la BADLAR”.
El proyecto también propone la creación de un fondo de asistencia estatal para facilitar el ordenamiento de los pasivos de manera sustentable, permitiendo que los deudores cumplan con sus obligaciones bajo condiciones de “tasas de interés reducidas, atadas a la tasa pasiva” y con plazos más extensos que los vigentes en el mercado actual.
Este impulso legislativo responde a un deterioro marcado del crédito, donde el encarecimiento del financiamiento generó un círculo de endeudamiento complejo de revertir para los hogares.